Este año será determinante para el futuro de las personas con discapacidad en los próximos 10 años en México. ¿Por qué? Sencillo: este año, en mayo, se hará el Censo Nacional de Población –que se realiza cada década—y es importante que no se pierda (otra vez) la oportunidad de contar bien a tod@s aquellos ciudadanos que tienen alguna dificultad funcional.
Doy algunos datos rápidos para comprender de qué hablamos. Según el censo del 2000, en México existen sólo 1.8 por ciento de personas con discapacidad en el país, cifra para acabar pronto, irreal. Con decirles que tan sólo CONFE, la Confederación de asociaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, consideran que hay 4 millones de personas con este tipo de discapacidad en México. Todos sabemos que es una cifra subrepresentada.
¿Por qué la importancia del Censo? Bueno, por algo obvio: sólo al saber cuántas personas con discapacidad o dificultad funcional hay (en un momento más explico la diferencia) se podrán tratar políticas públicas adecuadas para su tratamiento, rehabilitación, desarrollo e integración social.
¿Había una gran preocupación en el ambiente dado que se anuncio, a finales del año pasado, un Mega recorte de mil 500 millones de pesos al Censo y Eduardo Sojo, Presidente del INEGI dijo que se recortarían preguntas del cuestionario básico del 2000 que fue de 56 preguntas quedando sólo 24. Algunas preguntas recortadas son de empleo, actividad económica, estado civil, migración y fecundidad, que serían abordados en el “cuestionario ampliado”, que es una encuesta adicional y se aplica sólo en 2.7 millones de viviendas.
Había dudas en el aire: ¿se había tocado la o las preguntas con respecto a personas con discapacidad? Y dos, ¿cómo están redactadas la o las preguntas?
Esta semana, el martes, Myriam Arabian, titular del Conadis gestionó una cita en la secretaría de Salud con un grupo de personas interesadas en el tema y dos funcionarias del INEGI: Elsa María Resano Pérez, quien se encargó de diseñar el Censo del 2000 y es la actual directora adjunta del Censo de Población y Vivienda y Rita Velázquez Lerma, subdirectora de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas.
Nos mostraron y explicaron la pregunta que sí se incluirá en el Censo del 2010 que tiene como objetivo detectar no sólo a personas con discapacidad, sino a todos aquellos ciudadanos que tienen –por distintas causas, como edad— alguna dificultad funcional…
Me dio gusto saber que está basado en las recomendaciones del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad, en diciembre de 2006, un grupo de las Naciones Unidas, integrada por 116 países, que ha asesorado censos de otros países sobre cómo medir a nivel mundial a este grupo…
Sin más preámbulo la pregunta será así, es la séptima:
“En su vida diaria, tiene dificultad al realizar las siguientes actividades:
¿Caminar, moverse, subir o bajar?
¿Ver, aun usando lentes?
¿Hablar, comunicarse o conversar?
¿Oír, aun usando aparato auditivo?
¿Vestirse, bañarse o comer?
¿Poner atención o aprender cosas sencillas?
¿Tiene alguna limitación mental?
Entonces, ¿no tiene dificultad física o mental?
En el cuestionario ampliado la pregunta es la misma, sólo que después se precisa por nombre:
NOMBRE tiene esa dificultad…
¿Porque nació así?
¿Por una enfermedad?
¿Por un accidente?
¿Por edad avanzada?
¿Por otra causa?
Como verán no se pregunta sobre “discapacidad”, evitando incluso el término. La razón es simple: no se puede hacer un censo que incluya todas las discapacidades con términos y diagnósticos, ni siquiera con generalidades. Así se detectará a toda persona que tenga alguna diversidad funcional según una nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS): la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) que es heredera de la que orientó el censo anterior, la ya obsoleta Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) que se publicó en el año 1980.
El Censo será la base para dos iniciativas más que habría que desarrollar en los próximos años: el Registro Nacional de Personas con discapacidad –que estaría a cargo del Sector Salud—y la Cédula de persona con discapacidad y la realización de una gran encuesta sobre discapacidad, la primera que se haría en el país.
Uno por uno.
La Cédula es apenas un proyecto pero que ya lleva tiempo de ser discutido entre la Secretaria de Salud, actual autoridad responsable de las PcD’s en México, y diversas Ong’s. La idea es registrar a las y los mexicanos con alguna discapacidad para llevar un mejor seguimiento de cada uno de ellos y tener también ligados datos sociodemográficos básicos y también algo de derechos (además de salud, educación y trabajo).
La idea es que cada médico rehabilitador actualice los datos de cada PcD cada año para ver el desarrollo (lo malo es que sólo lo liga a cuestiones médicas y ni siquiera hay, aunque se trabaja en ello, acceso universal a la Salud). Estaría ligado a la CURP (Clave única de registro de población).
Lo coordinaría el INEGI, pero la encargada sería Salud. Y bueno, habrá que cabildear si se hace en su momento para que la Cámara de diputados de recursos para hacerlo…
La encuesta sería posible hacerla tras el censo, ya teniendo una muestra significativa de qué número de personas con diversidad funcional hay en México. Esta haría posible saber ya con más datos qué tipo de discapacidad, y datos como acceso a la salud, educación, trabajo…. Hay que diseñarla, pues… y bueno, en su momento también buscar su financiamiento. Nos decía la especialista que una encuesta así cuesta unos 100 millones de pesos.
Ya se verá en el momento pero sin duda que hacer una encuesta es una necesidad. El hecho de no tener información adecuada que permita trazar políticas públicas reales –además de lo obvio—trasgrede también el artículo 31 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que nuestro país ya ratificó.
Fuente: El Universal
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